Con tres años de mandato calderónico hemos tenido, para que en acto gravísimo (por obtuso), la figura del supuesto estadista del barco de gran calado (Marcela Gómez Zalce, dixit) se yerga como el estadista que promueve una reforma de Estado, que al cabo del tiempo resultará en un chorrito peor que las acciones mingitorias de los ángeles de las fuentes.
Ahora se retoma la idea de la reelección de los diputados, senadores y presidentes municipales; entelequia inspirada en la supuesta rendición de cuentas que implicaría, en la calificación del ciudadano a las acciones de su representante, en la necesidad de posibilitar una mejor calidad en el desempeño de los funcionarios extraídos de las elecciones populares.
Sin embargo, los promoventes de tal iniciativa no toman en cuenta el contexto electoral prevaleciente en el país, así como la necesidad de poder realizar una reforma constitucional que modifique el régimen que norma la representación política en el Congreso de la Unión, y en las legislaturas locales.
Quizá una de las principales disfuncionalidades incompatibles con el criterio de reelección dibujado por los apologetas de la reforma, radica en las características del mandato representativo en el sistema político mexicano, las cuales han sido utilizadas por parte de los partidos políticos para ocuparse solamente de sus cálculos electorales o de poder.
El mandato representativo, se trata de un mandato colectivo –como bien apunta Maurice Duverger- dado por la nación entera al conjunto de los elegidos. “Cada elegido es una fracción de la representación nacional; no representa a sus electores en particular, sino a toda la nación en general”. O sea, tras ésa difuminada representación, nada efectiva, algo así como una quimera, se encuentra en estos momentos la representación política, plasmada muy prudentemente en el artículo 51 constitucional, el cual indica: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años...”.
Entonces, lo arriba señalado compromete la visión que se tiene, corrientemente, sobre la representación política, los diputados en la actualidad, no tienen obligación de cumplir sus promesas, ni hacerle caso alguno a su electores. Amparados en el mandato representativo, son más funcionarios partidistas en el congreso, que representantes del electorado. Lo anterior ya pudo ser constatado este año, al votar el Partido Revolucionario Institucional, afirmativamente por el aumento al impuesto al valor agregado (IVA).
A nivel nacional las voces que han clamado por la reinstauración de la reelección en períodos consecutivos -hay que recordar que un diputado en este momento puede volverse a presentar como candidato al mismo cargo después de haber pasado un período legislativo (3 años)-, como José Antonio Crespo, Fernando Dworak, Leo Zuckerman; o a nivel local Abraham Nuncio, Claudio Chapa y demás tropa; no han tomado en cuenta la crudísima realidad que una reelección implicaría en las actuales condiciones de la ínfima democracia electoral mexicana, el pasaporte para un sistema político más oligárquico y por ende, más alejado de la sociedad y de la democracia participativa a la cual todos abogamos.
El débil presidente Calderón, dentro de su declaración –o carta a Santa Claus- también propone el referéndum, plebiscito, iniciativa popular, la ratificación del gabinete del Poder Ejecutivo y demás figuras políticas que implican una mayor participación política de la ciudadanía. Sin embargo, ¿Cuántas de ésas buenas intenciones serán sacrificadas a favor de la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales?
Algo innegable es la necesidad de una reforma política, sin embargo, tendrán que venir acompañadas de modificaciones sustanciales en la legislación, lo cual es casi imposible que suceda.
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